Por Arturo Hernández Cordero
El 28 de septiembre, en distintos puntos del país, se celebraron múltiples movilizaciones de colectivos feministas con motivo del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Y como era de esperarse, estas movilizaciones no estuvieron exentas de violencia impune y exacerbada, algo que no agradó a la mayor parte del pueblo mexicano.
Y es que hace menos de un lustro, cuando la radicalización del movimiento feminista en México comenzó a ser evidente, las pintas, destrozos y agresiones físicas a transeúntes varones, policías y mujeres disidentes, eran actos percibidos como la manifestación justificada de un descontento social, pero en pocos años la percepción general ha ido cambiando para mal y el movimiento ha quedado desvirtuado, pero ¿cómo se llegó a esto en tan poco tiempo?
Sucede que durante ese lapso de tiempo, los colectivos feministas se valieron del escudo moral que les otorgaba decir que todos su accionar era motivado por buscar justicia y honrar la memoria de las mujeres que lamentablemente habían perdido la vida en circunstancias violentas, y por tanto, gran parte de la sociedad mexicana empatizó con sus manifestaciones. Sin embargo, tales colectivos sobre explotaron ese recurso y poco a poco la falacia de falsa equivalencia desde la que justificaban su violento accionar (“lo hacemos por las que ya no están”) ha ido perdiendo credibilidad entre los mexicanos, incluso a la propia izquierda ya le resulta difícil blanquear la imagen de las feministas radicales, al final de cuentas ¿quién podría creerles que el fin máximo de su movimiento es acabar con la violencia contra la mujer si en cada una de sus manifestaciones agreden impunemente a muchas mujeres?.
Es momento de realizar una crítica objetiva de las acciones de los colectivos radicales sin caer en la absurda dicotomía de creer que todo cuestionamiento a las manifestaciones y preceptos del feminismo es machista y retrógrada, y como ciudadanía, exigirle a las autoridades actuar conforme a la ley al momento de lidiar con las manifestaciones violentas, que vulneran el Estado de derecho y la integridad de muchos ciudadanos