Un 18 de enero de 2019, Hidalgo se convirtió en noticia por las imágenes dantescas que se difundieron del municipio de Tlahuelilpan. Ahí, un grupo de personas extraían ilegalmente gasolina de un ducto, cuando de súbito algo provocó el fuego y varios murieron calcinados.
Aquella escena fue captada por varios presentes en el lugar quienes fueron testigos, primero de un festín de los que aprovecharon el momento para hacerse del hidrocarburo y después del grito y la desesperación de los que no podían quitarse el fuego del cuerpo.
Dicho evento, según palabras del gobernador Omar Fayad, fue lo más complicado que vivió en su administración. Una desgracia que cobró la vida de 137 personas y otras más que resultaron con heridas graves.
A cuatro años de ese lamentable episodio, la tragedia no se ha disipado del todo porque en la región siguen operando los grupos que se dedican al llamado huachicol. Esto es, la extracción ilegal de gasolina a través de los ductos que van de la refinería de Tula a la CDMX.
Esta actividad nos sitúa actualmente en el primer lugar a nivel nacional. Es decir, somos la entidad con más robo de gasolina a PEMEX y eso no solo se traduce en un negocio ilegal, sino que se mezcla con otros delitos como robo de autos, amenazas y extorciones.
Este panorama se ha hecho público en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y es tema prioritario en la agenda de seguridad del gobernador Menchaca. Pero, a pesar de los esfuerzos, se mantienen activos aquellos que encontraron el camino fácil para perforar ductos aún con el elevado riesgo que ello representa.
A partir de esta complicada situación se trata de erradicar este delito con la coordinación de la policía local y la Guardia Nacional. Pero por desgracia, la propia población ayuda a los delincuentes a cambio de tener gasolina gratis o bien por las amenazas que reciben.
Sea cual sea la razón, es muy difícil combatir este latrocinio sino se apuesta por el desarrollo de la región a través de fuentes de empleo bien remunerado, proyectos de inversión u otras fuentes que ayuden a estimular la economía regional.
Hasta este momento, solo queda el mal sabor de boca de las autoridades que en ese momento no reaccionaron a tiempo para evitar tantas muertes, de las personas que aprovecharon para hurtar el hidrocarburo y de lo frágil que es la paraestatal en términos de seguridad.
En pocas palabras, parece que no hemos aprendido nada. Todavía hay personas que viven de esta actividad, otros que encubren y unos más que dejan pasar las cosas ocultando una triste realidad. Aquella que nos grita la falta de oportunidades en la región.
Es tiempo de pensar crear oportunidades para todos los que se quedaron al margen. Para aquellos que no tienen más remedio que buscar una actividad ilegal para poder hacer frente a la complicada situación de los municipios que no tienen ninguna vocación industrial y económica.
Esa debería ser la obligación del gobierno. Pero tampoco podemos eludir la obligación de las personas para que nunca más pongan en riesgo su vida por un beneficio económico que no vale lo suficiente.