Por Augusto Hernández Abogado
“Todo movimiento revolucionario
es romántico, por definición”
Antonio Gramsci
Luego de la declaratoria de invalidez emitida por la Sala Superior del TEPJF sobre la revocación de mandato, el Presidente de República turnó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a 18 artículos constitucionales con el propósito de alcanzar 10 objetivos, a saber:
- Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad.
- Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder.
- Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censura.
- Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.
- Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana.
- Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.
- Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes. Se trata del mecanismo de representación proporcional más plural que se haya propuesto en la historia del sistema político mexicano.
- Se eliminan 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado.
- En los estados y municipios, los Congresos y los ayuntamientos, se regirán por el mismo principio de listas postuladas en una sola demarcación que abarca la totalidad del territorio del estado o municipio respectivo.
- Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les entrega mensualmente cada año; al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos.
A pesar de lo afirmado por diversas opiniones de especialistas respecto de que no parece necesario hacer ajustes normativos electorales, debe considerarse que históricamente cada régimen político propone modificaciones al sistema político y al sistema electoral.
Cuando se instaura o busca instaurarse un nuevo régimen político, desde luego que se pretende un nuevo paradigma político, ¡de eso va la búsqueda por el poder político!
No existe un único o ideal modelo electoral, existen muy variados modelos en donde la mayor importancia radica en la funcionalidad y en la propia credibilidad del sistema. Para nadie es desconocido el desgaste que existe en torno a la política mexicana y a las instituciones que le dan vida, por ello pienso que es relevante centrar la discusión de la propuesta de reforma, precisamente en la funcionalidad y la credibilidad del sistema propuesto.
Sobre la funcionalidad habrán de contrastarse planteamientos técnicos y datos duros como pauta para la discusión pública. Categorizaciones genéricas y adjetivaciones deben idealmente excluirse de la discusión técnica.
Se trata ni menos ni más, de la funcionalidad operativa de un sistema cuya finalidad es la renovación periódica de los poderes públicos. Sobre los consensos o bien, sobre la falta de ellos como premisa de un nuevo modelo electoral, descansará la credibilidad de lo que eventualmente se reforme.
Muchas lecturas habrán de hacerse en las próximas semanas, muchas voces habrán de hacerse escuchar y qué bueno! Una reforma electoral debe ir acompañada por un amplio debate, por una abierta e incluyente discusión, en donde puedan participar muy diversos sectores sociales, la academia, todas las fuerzas políticas, de ello va la credibilidad de un nuevo sistema electoral que no es ni debe pensarse como patrimonio de las fuerzas políticas, sino como un patrimonio de la ciudadanía r
@hdez_abogado