Pachuca.- Los diputados locales de la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron las reformas y adiciones a la Ley de Deuda Pública estatal, para que el gobierno estatal y los municipios puedan contratar créditos, la cual había sido vetada por el exgobernador Omar Fayad Meneses.
En la sesión extraordinaria de ayer, fue avalado el dictamen con 27 votos a favor. En la exposición de motivos, el diputado Octavio Magaña Soto explicó que consideraron dictaminar favorablemente la regulación para las entidades públicas que busquen un financiamiento, para llevar a cabo proyectos de inversión, con el fin de apoyar su crecimiento financiero y operativo.
“Y así, la facultad del estado y los municipios para contratar esquemas globales de financiamiento que les permitan ejecutar proyectos multianuales de inversión pública y su equipamiento, que con una adecuada evaluación harán posible incrementar la capacidad de atención de necesidades públicas prioritarias y proveer condiciones que incentiven la actividad económica y el empleo en un marco de innovación, competitividad y productividad”, mencionó.
Explicó que las reformas y adhesiones a dicha iniciativa, definen lo que deberá entenderse por un esquema global de financiamiento, los entes públicos que pueden solicitarlo y la facultad del Congreso para aprobar el decreto que autorice ese acto, sus términos y condiciones, y siempre previa autorización de los ayuntamientos en caso de los municipios.
En 2021, el exgobernador Fayad Meneses vetó el decretó que había aprobado la LXIV Legislatura, con el cual se buscaba agregar el concepto de Esquema Global de Financiamiento para que dos o más municipios pudieran solicitar créditos juntos y obtener las mejores condiciones del mercado que si lo hicieran de manera individual y, además, que la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo mediara a favor de los municipios, las solicitudes de endeudamiento con las instituciones públicas o privadas para el pago de comisiones.
No obstante, el exmandatario priista señaló en sus observaciones que estas reformas contravenían a la política estatal de endeudamiento y la Ley Federal de Disciplina Financiera, y que no es posible agruparse para realizar un proceso competitivo o que un ente público lo realice en representación de otro, entre otros señalamientos
