La empresa Comuni Park, operadora de los parquímetros en Pachuca, presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativo de Hidalgo (TJAH) acciones legales contra actos “ilegales” del ayuntamiento, presidido por el priista Sergio Baños Rubio, como la cancelación del servicio y la aplicación de penalidades por más de 220 millones de pesos.
La empresa responsable del programa de cobro por estacionamiento en la vía Movipark, afirmó que “al menos” dos juicios de nulidad administrativa están en trámite, en los cuales han sido emplazadas las autoridades administrativas de la capital hidalguense
Según la firma, a la cual la administración del priísta Eleazar García Sánchez adjudicó en 2015, un contador de concesión con ganancia del 90 por ciento de los ingresos en los parquímetros, los funcionarios de Baños Rubio tenían pleno conocimiento de los recursos ante el TJAH “antes de concluir con sus ilegales acciones”.
La empresa acusó que el ayuntamiento actúa como “juez y parte” e insistió en que ambos tienen una relación contractual. Advirtió que, de repetirse un fallo a su favor como el que en 2020 dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las indemnizaciones saldrían de la hacienda municipal y los afectados serán los ciudadanos.
Comuni Park rechazó tener un adeudo con el ayuntamiento por concepto de multas, de las cuales el municipio le exige la devolución por 4 millones 253 mil 307 pesos.
Afirmó que es imposible que la empresa haya retenido indebidamente esa cantidad, pues señaló que la Tesorería local, con base en el contrato, le paga la cantidad que le corresponde por la prestación del servicio.
Afirmó que desde que empezó su campaña política para llegar al ayuntamiento, en 2020, la actual administración de Baños Rubio “ha acosado” a Comuni Park aseverando que la iba a retirar de Pachuca “a como diera lugar”.
El 14 de febrero, el municipio informó que la empresa incumplió con el pago de la pena convencional por 216 millones de pesos, que se le impuso con motivo de la cancelación del contrato de parquímetros. Añadió que analizaba las acciones legales, penales y administrativas que, “en coordinación con la síndica jurídica”, se interpondrían a la firma
