Hace unos meses muchas voces expresaban su inconformidad con el regreso a clases presenciales en los niveles de educación básica. Lo anterior, si los alumnos no presentaban un esquema de vacunación completa.
Esta semana se anunció que el próximo 18 de octubre del año en curso, el 50 por ciento de los municipios del estado de Hidalgo, en todos los niveles educativos, se encontrarán en clases presenciales de manera controlada, escalonada y con vigilancia, en 3 mil 683 escuelas con 270 mil 814 alumnas y alumnos y 20 mil 543 trabajadores.
Y aunque esta decisión se anunció a través del secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, quien dio el aviso que 22 municipios más se incorporarán a la apertura de escuelas y regreso a clases presenciales, la verdadera decisión no salió de sus oficinas sino que fue una medida que tuvo la influencia del presidente de la república.
Esta reactivación de las aulas en modalidad presencial en el estado, se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera un llamado para que Hidalgo regrese a clases presenciales, pues la apertura de planteles está por debajo de la media nacional, dijo en la famosa mañanera.
Y acto seguido, el funcionario estatal explicó que la curva epidemiológica de la enfermedad de Covid-19 ha disminuido considerablemente, tanto en número de fallecimientos, casos activos y contagios; por tanto, de manera conjunta la Secretaría de Salud (SSH) dio el visto bueno para el regreso a clases presenciales.
Esta reacción del gobierno estatal que viene inducida por una inercia nacional y por el señalamiento expreso del presidente, fue muy similar cuando se habló del poco honroso primer lugar que tiene la entidad en robo de combustible, llamado huachicol.
En ese particular, las autoridades locales también fueron muy veloces. Y en cuestión de horas se anunció la captura de Salvador, “El Rex”, presunto líder de grupo “huachicolero”. Según los captores esta operación que involucró a la SEMAR, hizo posible la detención de este hombre que era buscado por delincuencia organizada, narcomenudeo y robo de hidrocarburos y que opera en los estados de Querétaro e Hidalgo.
De tal suerte que parece que el gobierno federal tiene gran influencia en las acciones y decisiones que se llevan a cabo en el estado de Hidalgo. En una lectura simple se diría que el presidente ordena y el gobernador obedece.
Lo anterior, no tendría ninguna relevancia si no fuera por dos cuestiones de forma. La primera es que el partido de López Obrador no es el mismo que el Omar Fayad. Ahora, bajo un esquema distinto, el mandatario estatal podría actuar por una pista distinta a la del presidente, pero por lo visto, prefiere actuar en plena sintonía con el jefe del Estado mexicano. Es decir, aplica la conveniencia más pragmática.
Por otro lado, y aplicando un razonamiento cercano a la intriga, si el gobernador está haciendo prácticamente todo lo que le dice el presidente, cuál será su papel en las elecciones del próximo año.
¿Ya existe un acuerdo? ¿No meterá las manos el gobernador para elegir a su sucesor? ¿Trabajará para Morena? ¿Promoverá una alternancia pactada? Faltan pocos días para conocer las respuestas a estos interrogantes.
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