La tarde de ayer la diputada local de Morena Adelfa Zúñiga Fuentes y su hijo, el síndico hacendario de Actopan, Alejandro Chapey Ramírez Zúñiga, acudieron a una audiencia de control relacionada con la imputación en su contra por presunto despojo.
En audiencia decretada como privada, el juez de control Jesús Anim Ope Islas dio 30 días al Ministerio Público, para que informe si hacen falta pruebas o no dentro del proceso legal.
Rubén Darío Ramírez Fernández, asesor jurídico de la parte acusadora, consideró que las autoridades están retardando el caso para no afectar las aspiraciones políticas de la exalcaldesa, aunado a que la protegen.
“Es una petición para retardar el procedimiento, y yo lo creo sinceramente es para sus aspiraciones políticas, si ella cumple con sus aspiraciones políticas sin estar inmersa. Entonces, le señalan una audiencia dentro de 30 días al Ministerio Público, para que nos diga, simple y sencillamente si hacen falta pruebas o no”, expuso tras salir de los juzgados de oralidad de Pachuca.
La audiencia efectuada ayer, expuso, se derivó de que solicitó un control judicial por la inactividad del Ministerio Público, ente al que acusó de tener “escondida la investigación”.
“Justamente le dije al juez que hasta en cinco ocasiones acudí a la oficina del Ministro Público Patrimoniales II, para que me permitieran checar la carpeta. Hasta en cinco ocasiones en un año está perdida (la indagatoria)”, sostuvo.
El abogado afirmó que en el anterior gobierno estatal y el actual, la carpeta de investigación ha estado “en el limbo”.
“A la santa señora en todos los asuntos es ayudada, la protege el Estado”, insistió.
La audiencia en la que se presentaron la diputada y el síndico de Actopan fue decretada privada tras la solicitud de la defensa, pese al rechazo de la asesoría jurídica de la parte acusadora.
