A inicios de esta semana la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el proyecto de reforma para la desaparición de órganos autónomos, incluido el de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); una de las propuestas más controversiales del movimiento que gobierna el país.
Desde el sexenio de López Obrador, se venía explorando la posibilidad de realizar una restructuración administrativa, que adelgazara el aparato burocrático de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y del citado INAI.
Lo anterior, con el propósito de no duplicar funciones, eliminar la burocracia dorada de los comisionados (que vale decir, eran muy bien remunerados) y por su baja productividad o incidencia en la toma de decisiones.
Es decir, sin afán de ser absolutista, el objetivo o los resultados de estos brazos extendidos de la burocracia eran cosméticos y, en el mejor de los casos, ayudaban a entender algunos asuntos públicos. Pero su margen de maniobra era acotado. En un ejercicio rápido de costo – beneficio, resultaba más caro mantenerlos que eliminarlos.
Entiendo que hace falta más profundidad en el análisis, para borrar de tajo las dependencias que se mencionan, pero en realidad los productos emanados de estos organismos no fueron determinantes para regular, controlar, vigilar o sancionar la materia para la que fueron creadas.
Estos elementos y otros más de corte estrictamente político, hicieron que desde la administración pasada, la narrativa estuviera en contra de su permanencia. En el discurso cotidiano, se puso sobre la balanza lo que cuesta mantener los sueldos de sus titulares y su productividad. No había mucho que pensar. Sus días estaban contados.
En este sentido, lo que pasó en la sesión del Congreso Federal era de esperarse. Ahora que Morena tiene la mayoría en aquella soberanía, era cuestión de tiempo para concretar el plan inicial que consistía en borrar estos resquicios administrativos donde se refugiaban políticos en retiro, amigos del poder y uno que otro académico cercano al estatus quo.
Por lo tanto, que nadie se diga sorprendido por esta decisión. Era muy claro que iba a pasar cuando el denominado Plan B (tener el control del Congreso por parte del partido en el gobierno) se concretara.
Vale decir, que el que escribe ha sido maestro universitario durante 22 años. En ese camino impartí la materia de legislación en los medios. El programa incluía el derecho a la información consagrado en la Carta Magna. Como ejercicio práctico, pedía a los alumnos que ingresaran una solicitud de información al órgano garante. En la mayoría de los casos, había una no respuesta a la petición. En los menos la solicitud era contestada con argumentos jurídicos, que evadía la responsabilidad de informar.
En suma, esos mecanismos eran complejos y su efectividad limitada. Para el ciudadano común no marcaban ninguna diferencia. Por tanto, hay que probar otros caminos. Quizá su incorporación a otras dependencias, pueda ser un camino o quizá esos entuertos burocráticos nacieron muertos.