Más de un centenar de habitantes de la comunidad Santa María Asunción, dijeron que los acontecimientos violentos, incluidos linchamientos, han afectado a su economía porque la gente ya no quiere acudir ante el temor de que sufran alguna agresión.
Sin embargo -manifestaron-, que en general la población es de trabajo y que algunas personas que se han visto involucradas en hechos violentos ni siquiera son del pueblo y otros casos se han salido de control, ya que las autoridades policiales no han atendido los llamados en forma oportuna.
Considerando que es una población cuya economía principalmente se basa en la producción textil, muchos maquileros foráneos ya no quieren entrar al pueblo, además de que ya no hay comercio en las inmediaciones de la carretera.
“Este último asunto fue entre particulares, Santa María no son cinco, 10 o 20 personas, somos mucho más y somos gente que trabaja honradamente. En el caso del agente investigador, había mucha gente pero la mayoría eran curiosos que nada tuvieron que ver en su muerte”.
La explanada del Centro Cultural Ricardo Garibay fue escenario de una manifestación de alrededor de 150 personas, en apoyo de José Félix Barrios, enlace vecinal de Santa María Asunción, quien se encuentra bajo proceso penal por los hechos suscitados el pasado 23 de octubre, donde un agente ministerial fue golpeado por varias personas y cuyas lesiones lo privaron de la vida horas después de su ingreso a un nosocomio.
La esposa Ángeles Popoca, expresó que el pasado 8 de noviembre ingresaron a su casa varios agentes, quienes sometieron a su esposo y lo sacaron por la fuerza y hasta el momento se encuentra detenido por el delito de, homicidio calificado en coautoría con agravante de pandilla.
La entrevistada junto con una de sus hijas y hermanos del detenido así como de su abogada, que la detención no fue en apego a la legalidad, ya que Barrios solo trató de disuadir la reyerta.
“De no haber sido por mis esposo, el que acompañaba al agente que murió hubiera corrido con la misma suerte”.
Por su parte la abogada que lleva el caso dijo a Ruta que el caso ya se vinculó a proceso, sin embargo, al imputado se le impuso como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa. “Por el tipo de delito que se dio, a hasta en tanto se resuelva el tema de la investigación; son tres meses por lo menos que se puede extender hasta dos años. Ese tiempo pudiera estar detenido, si es que no hay apelación, es la parte injusta.”
Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca y a Santiago Nieto, encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia
Aducen vecinos de Santa María Asunción pérdidas económicas por hechos violentos
