Pachuca.- Considera Lucero Calderón Hernández, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que la intención de disminuir sus percepciones a sólo mil pesos, es con la finalidad de que renuncien y se pueda imponer al titular del Sistema Estatal Anticorrupción.
Recientemente el contralor del estado, Álvaro Bardales, dio a conocer que los CPC, tienen una remuneración de 40,000 pesos, sin que se justifique esta cantidad tan alta, ya que hay ocasiones en que no tienen ninguna actividad, además de que no son trabajadores del gobierno, sino ciudadanos.
Al respecto Calderón Hernández aseveró que en efecto no son funcionarios estatales, ya que la Ley lo que busca es que sean la cara de la ciudadanía, que pueda vigilar que el gobierno haga su trabajo.
Además, resaltó que su nombramiento se dio a través de un Comité de Selección, electo por el Congreso del Estado
Para ello, debieron de cubrir el perfil donde se les pide ser profesionistas y como mínimo, tener una licenciatura, 10 años de experiencia en diversas áreas y se les impide trabajar en la administración pública.
Ante ello, dijo que sólo cuentan con la percepción que reciben y de la cual la mayoría es utilizada para gastos, ya que no les otorga ni Oficina, ni viáticos.
Puntualizó que además no son los 40,000 pesos que se informaron, sino 28,600 pesos. Aseveró que en su caso, puede demostrar la labor que ha hecho, ya que en la página que realizó el CPC y no el Sistema, están todos los datos de los informes trimestrales, que en su caso tiene hasta 100 páginas, todo sustentado con fotografías.
Consideró como lamentables las declaraciones del contralor de que los ciudadanos no pueden recibir una percepción, ya que esto los pone por debajo de los funcionarios.
Además resaltó que ellos no reciben como tal un pago, sino que la ley establece que es una contra prestación por servicios profesionales.
También explicó que la Ley determina que en el último de los cinco, para los que fueron electos, ellos presidirán el sistema estatal anticorrupción, por lo que consideró que de ahí viene toda esta modificación para que ellos renuncien y la Contraloría imponga a personas afines.