Los diputados federales de Morena por el estado de Hidalgo, fueron citados a sesión el miércoles y jueves de esta semana, para aprobar otras dos reformas a la Constitución y que forman parte del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una reforma, muy polémica y que ha sido criticada severamente por la oposición, es la de traspasar la Guardia Nacional, actualmente bajo el control de la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa y, la otra es para reconocer plenamente los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
Debido a que nuevamente requieren tener la mayoría calificada, los diputados Ricardo Crespo, Daniel Andrade Zurutuza, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Alma Lidia De La Vega Sánchez, Eunice Abigail Mendoza Ramírez, Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno y Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, recibieron instrucciones de no faltar al recinto de San Lázaro por parte de la coordinación parlamentaria.
La misma instrucción recibió el diputado del Partido Acción Nacional, Asael Hernández para que tampoco se ausente en la ríspida discusión que se espera, habrá durante la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional.
En el dictamen de la reforma de la Guardia Nacional, que ya está listo para llevarse al pleno, se suprime la denominación de “institución policial de carácter civil” y define a la corporación como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional”.
Además, le otorga la facultad constitucional de investigar los delitos, bajo la coordinación del Ministerio Público.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, señala.
De igual manera, se establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
En tanto que el proyecto de reforma al artículo 2 de la Constitución prevé reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Se incorpora en la Carta Magna el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa, informada culturalmente adecuada y de buena fe respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones e impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo.
