Una vez más el presidente López Obrador muestra su destreza electoral. El paquete de reformas que mandó al Congreso no solo tiene un efecto jurídico, sino que mantiene un elevado sentido político.
Es bien sabido que muchas de las iniciativas promovidas por el presidente “nacen muertas”. Es decir, su aprobación será prácticamente imposible porque previamente ya han sido rechazadas por los diputados de oposición. Sin los cuales, por cierto, no será posible llevar a buen puerto ninguna de las reformas que se proponen.
Basta recordar que para reformar la Constitución Política, es necesario tener la mayoría calificada. Es decir, las dos terceras partes del congreso cuota que morena y sus aliados no tienen. Por ello, estas iniciativas parecen ociosas, pero conllevan un alto nivel de interés previo a una elección federal.
Por tanto, la estrategia parece clara. Tener temas que definan la agenda política del país en favor del proyecto del presidente. No importa el destino de las reformas, lo que importa es el debate de esos temas semanas previas a la elección más grande del país.
Con esto se asegura que algunos temas de alto impacto social, jueguen a favor de la candidata de morena. Por ejemplo, las becas de los estudiantes y las pensiones de adultos mayores, deberán de incrementarse cada año de manera progresiva.
Este punto tiene un alto respaldo social y sería muy arriesgado que los opositores lo voten en contra. En el sentimiento popular, negarse a esa aprobación sería ir en contra de los intereses de la gente. Y en este momento, repito, lo que necesitan los partidos políticos son votos.
Otra de las iniciativas que mandó el presidente al Congreso, es el derecho a la capacitación laboral para jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen, y a recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a los que se encuentren en condición de pobreza. Esto tiene también un respaldo social muy importante que garantiza la simpatía de los electores.
En el mismo tenor se encuentran las la posibilidad de que quienes cotizaron a partir del 1997 en el IMSS y del 2007 en el ISSSTE, tengan derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual registrado ante el IMSS.
Además, López Obrador propone que el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación. Sectores laborales específicos como maestras y maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras deberán percibir un salario mensual que no podrá ser inferior al promedio del IMSS.
En fin, cuestiones que tienen un impacto directo al bolsillo en aquellos que saldrán a votar el próximo mes de junio. Con esta estrategia el presidente vuelve a demostrar que es un experto en leer la política nacional.
Solo él podría tener esa capacidad para estar en la boleta electoral sin aparecer en ella. Es decir, de influir en el humor social de los mexicanos en el último tramo de su mandato y hacerlo a favor de algunos de los principales postulados de la llamada cuarta transformación.