El pasado viernes, el Gobierno Federal presentó en tiempo y forma al Congreso de la Unión, el Paquete Económico para el año 2025, siendo este el primer año completo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y dada la importancia de estos documentos para el bienestar de la población y la sostenibilidad de las finanzas públicas; analizamos sus componentes:
1) Criterios Generales de Política Económica (CGPE), 2) Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y 3) Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Ante la carencia de una reforma fiscal que incremente la recaudación en el país, la apuesta para la consolidación fiscal, será el ajuste en el gasto público, buscando reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos mostrados este año.
En cuestión de crecimiento económico, la Secretaría de Hacienda calcula que la economía mexicana crecerá entre 2% y 3% en 2025, estimación que es mucho más optimista que las proyectadas por el Banco Mundial 1.5%, el Fondo Monetario Internacional 1.3%, la OCDE 1.2%, el Banco de México 1.2%, analistas de BBVA 1% y la Encuesta Citibanamex de Expectativas con el 1%.
Esta proyección se fundamenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno con el consumo y la inversión como motores principales.
En cuestión de inflación, se espera una tasa de 3.5%, el tipo de cambio peso-dólar en 18.5 pesos por dólar y el precio de la mezcla mexicana se sitúe en 57.8 dólares por barril de petróleo.
Por el lado de los ingresos, la propuesta estima obtener un total de 9.30 billones de pesos de ingresos de los cuales 1.25 billones de pesos, provienen de ingresos derivados de financiamientos, es decir, de la contratación de deuda pública y los 8.06 billones de pesos restantes, se obtienen del sector público por la venta de bienes y servicios, así como por el cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos, entre otras contribuciones.
Del lado del gasto, se prevé un desembolso de 9,2 billones de pesos y un nivel de deuda de 51,4% del PIB.
La prioridad de esta propuesta es reducir el déficit fiscal. Para ello se harán ajustes al gasto lo cual se pretende lograr mediante una reconfiguración de la estructura del sector público, reflejando cambios en las asignaciones presupuestales de distintos poderes, órganos autónomos, así como entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
Con ello, se plantea un incremento de 14.4 mmdp en el presupuesto de órganos autónomos; destacando diversos incrementos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE): +18.4% (de 32.8 a 40.5 mmdp, Poder Judicial: +4.1% (de 78.3 a 85.0 mmdp y la mayor reducción fue al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): (-)17.6% es decir, de 14.2 a 12.2 miles de millones de pesos.
También propone un recorte de 80.3 mmdp en el presupuesto de las secretarias de gobierno destacando los mayores en la Secretaría de la Defensa Nacional: (-)43.8% (de 259.4 a 152.0 mmdp), Seguridad y Protección Ciudadana: (-)36.2% (de 105.8 a 70.4 mmdp) y Salud (-)34.1% (de 97.0 a 66.7 mmdp) y los mayores incrementos fueron en las secretarias de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: +57.5% (de 85.7 a 140.8 mmdp y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: +183.2% (de 12.9 a 38.0 mmdp
Mientras que los órganos bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), así como la CFE, tendrían un incremento en su gasto Comisión Federal de Electricidad: +6.0% (de 493.4 a 545.5 mmdp, SSSTE: +5.9% (de 475.8 a 525.6 mmdp, IMSS: +4.7% (de 1.35 a 1.47 billones de pesos, Pemex registraría un recorte (-)7.5% (de 481.5 a 464.3 mmdp.
Las prioridades de gasto en 2025, se reflejan en los programas y proyectos de inversión prioritarios de la nueva administración, los cuales contarán con un presupuesto total de 1.02 billones de pesos (11.0% del gasto total): 17 programas sociales (835.7 mmdp) y 10 proyectos de inversión (189.0 mmdp)
En conclusión, la actual administración debe adoptar un enfoque integral que combine políticas orientadas a mejorar la recaudación de ingresos y optimizar el gasto público. De esta forma se ampliará el espacio fiscal del gobierno, es decir, su capacidad de aumentar el gasto sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
