En este momento se desarrolla un conflicto legal entre el gobierno de México y 11 empresas estadunidenses por el trasiego de armas que ha alcanzado cifras alarmantes. Por ejemplo, según un informe de la SRE, entre 2020 y 2021 se aseguraron en nuestro país 18 mil 91 armas importadas ilegalmente.
Las cifras están demás, si semana tras semana nos enteramos de robos a casa-habitación, violaciones, asaltos, lesiones, fraudes, feminicidios, extorsiones, riñas, ejecuciones, en los que estuvo presente un arma. Apenas el domingo en un ataque armado en la colonia Militar en Mineral de la Reforma dejó como saldo seis personas sin vida.
Aun cuando la violencia se generalice, el uso civil de armas de fuego tampoco se aproxima a ser la solución para enfrentar los riesgos de inseguridad, sino que los agrava: los hogares donde se guarda un arma se duplica la posibilidad de ser víctima de homicidio; aumenta 16 veces la probabilidad de cometer un suicidio y es 43 veces más probable que se mate a algún familiar o conocido, que a un extraño en defensa propia Además, la posesión de armas de fuego en los hogares aumenta el riesgo de victimización de niñas , niños y mujeres en 272 por ciento.
A pesar de lo anterior, la SEDENA ha reportado en Hidalgo el registro legal de unas 50 mil armas de corto y largo calibre, pero no existe ni una referencia del número de armas ilegales que circulan en la entidad
Tomando en cuenta este contexto, resulta relevante la batalla legal que está llevando el gobierno de México contra empresas estadunidenses para frenar el tráfico ilegal y no debemos ser ajenos, porque en nuestro estado se cometen más de 40 delitos al día con armas de fuego. Lo deseable sería que temas preocupantes como el de la violencia lleguen también a la discusión de las campañas políticas
