El Congreso local y el gobernador Omar Fayad Meneses fueron apercibidos por el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo, para que cumplan con la sentencia del amparo 631/2021, en el que el 28 de octubre de 2021 ordenó realizar la reforma constitucional en materia de Responsabilidad Patrimonial y expedir sus leyes secundarias a más tardar en el actual periodo ordinario de sesiones; de no hacerlo, serán multados con 9 mil 622.
“(De incumplir) la persona que ostente el cargo de las autoridades requeridas se hará acreedora a una multa equivalente a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, dice un auto del expediente.
Además, se abrirá un incidente de inejecución de sentencia y los autos originales del expediente serán remitidos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno.
Según el fallo de la sentencia, el Legislativo y el Ejecutivo deberán presentar una iniciativa de reforma a la Constitución de Hidalgo para que se incluyan los supuestos en que el Estado incurre en responsabilidad objetiva y directa y los mecanismos para resarcir a los particulares que daña con su actuar irregular o ilícito.
Asimismo, presentar un proyecto de Ley en Materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo, incluyendo los municipios, así como una partida en el Presupuesto de Egresos para 2022, a consideración del Congreso local, para cubrir la responsabilidad patrimonial del Estado.
Las autoridades estatales han omitido cumplir con el artículo único transitorio del decreto publicado el 14 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se reformó el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con este se obliga a las entidades a hacer las adecuaciones en materia de responsabilidad patrimonial.
El 18 de febrero pasado, la mesa directiva de la Diputación Permanente, informó que recibió oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el que notifica al Congreso, la sentencia del amparo 631/2021 y sus efectos
