Con 25 votos a favor, tres en contra de los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y dos abstenciones el Congreso local avaló ayer la minuta sobre la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional (GN) que amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas efectúen labores de seguridad pública hasta 2028.
En contra, el panista Rodrigo Castillo Martínez acusó que se pretendió aprobar el dictamen “fast track” para cumplir “agendas ajenas”, pues el marco normativo local establece un plazo de hasta 30 días para realizar los dictámenes.
Consideró que la propuesta también debió ser analizada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante comisiones conjuntas, pues es facultas de ese colegiado revisar asuntos relacionados con procuración y administración de justicia, prevención social de la violencia y la reinserción social.
El perredista Miguel Martínez Gómez afirmó que la medida no logrará reducir la incidencia delictiva, pues acusó que los hechos han arrojado que el mayor número de decesos, siempre se relacionan con los cuerpos militares.
“No quiero que se interprete que la función que va a desarrollar la Guardia Nacional no es importante, pero no es lo mismo atender sucesos de carácter natural, como los sismos, terremotos, inundaciones, entre otros, a tenerlos día con día en todas las calles del país”, agregó.
La morenista Lisset Marcelino Tovar manifestó que en ningún caso las fuerzas castrenses sustituirán a otros mandos civiles de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a la autoridad de su responsabilidad, además de ser “extraordinaria, subordinada y complementaria”, con un enfoque de respeto a los derechos humanos
Aseguró que quienes votaron en contra lo hicieron por un “calculo” electoral o atendiendo a sus dirigencias partidistas, además de presumir la Fuerzas Armadas tiene aceptación ciudadana.
Por su parte, el priista Juan de Dios Pontigo Loyola expresó que el tema no debe “politizarse” y pidió que se implementa porque los cuerpos policiacos han sido rebasados por el crimen organizado.
Su compañero de partido Alejandro Enciso Arellano, agregó que la seguridad pública no debe ser un tema político y aseveró que el dictamen no es “un cheque en blanco”, pues se incorporarán mecanismos de evaluación y seguimiento y control.
Las abstenciones en la votación fueron de Citlali Jaramillo del PRI y Francisco Xavier Berganza, que no estuvieron presentes en la sesión
