Por mayoría, el Congreso de Hidalgo aprobó la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado, la cual entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022 para que se consideren recursos en el Presupuesto de Egresos.
La nueva legislación busca erradicar los factores de quienes son sujetos a protección, así como proteger la integridad de las personas que rinden declaración testimonial o información por posibles actos de corrupción relacionados con faltas administrativas.
Asimismo, facilitar e incentivar la denuncia de posibles actos de corrupción relacionadas con faltas administrativas, así como determinar y erradicar los factores de riesgo de los sujetos que aportan información sensible para la denuncia e investigado de actos de corrupción.
El decreto señala que para otorgar las medidas de protección se deberán tomar en cuenta la vulnerabilidad del sujeto de protección, la situación de riesgo, la importancia del caso y trascendencia de la información presentada.
La Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado, presentada por el gobernador Omar Fayad Meneses, cuenta cuatro títulos y 35 artículos.
Las medidas de protección contenidas en esa norma serán aplicables respecto de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad iniciados con antelación a su entrada en vigor.
Asimismo, el Poder Ejecutivo de la entidad tiene 90 días para expedir el reglamento de la nueva ley.
En contra de la aprobación de esta ley votó el diputado morenista de Grupo Universidad Raúl Baptista González.