A un mes del nuevo gobierno, propietarios de verificentros cuyos permisos fueron revocados en el sexenio de Omar Fayad Meneses, acudieron ayer a palacio de gobierno, donde sostuvieron una reunión para exigir a la administración de Julio Menchaca Salazar que se revierta la determinación.
En las inmediaciones de Plaza Juárez, señalaron que de 52 establecimientos que tenían permiso, 49 fueron cancelados por presuntas irregularidades en el software. Los tres que cuentan con licencia cambiaron sus domicilios, pero no funcionan.
Aunque nueve ganaron amparos, ninguno puede operar debido a la falta de papelería, así como de los nuevos lineamientos, señalaron.
“Están cerrados 52 centros de verificación, de los cuales dependen casi 400 familias”, expresó Humberto Espinoza Ramírez, del centro de verificación vehicular 38 de Pachuca.
Indicó que hace más de un mes tuvieron una reunión con la secretaría de Medio Ambiente, Mónica Mixtega Trejo, quien prometió revisar los expedientes y emitir una respuesta.
No obstante, los quejosos manifestaron que esto no ha ocurrido.
Señalaron que los verificentros llevan cinco meses sin poder operar, por lo que han tenido que vender “cosas” o pedir apoyo a sus familiares.
El grupo de concesionarios dijo confiar en que el nuevo gobierno les dé una solución y que no sea “lo mismo” que la pasada administración.
Indicaron que una comitiva entró a Palacio de gobierno, donde fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna.
El grupo de quejosos agregó que las tres empresas a las cuales el gobierno de Fayad Meneses otorgó concesión a la par de cancelar las 49 licencias aún no operan, pues sus establecimientos están en construcción, lo que consideró otra irregularidad en el otorgamiento de los nuevos permisos
