Por Arturo Hernández Cordero
Casi ocho años han pasado desde aquella fatídica madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la que 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fueron víctimas de desaparición forzada a manos de elementos de Seguridad Pública y el Ejército en complicidad con integrantes del crimen organizado, y las consecuencias de tal acontecimiento, siguen haciéndose sentir y aún están presentes en la memoria colectiva de la sociedad mexicana.
La detención del ex procurador general de la República y exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, el pasado 19 de agosto, ha vuelto a traer a debate las irregularidades presentadas en uno de los casos de mayor impacto político y social del México contemporáneo.
Al ex procurador (quien permanece en prisión preventiva), se le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Todo ello llevado a cabo con el objetivo de construir una versión oficial, que diera carpetazo a una de las mayores violaciones a los Derechos Humanos en la historia de México, la llamada “verdad histórica de los hechos”.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue uno de los sucesos que definieron el destino de México en términos políticos, puesto que se dio en el marco de la administración de Enrique Peña Nieto, la cual desde un inicio estuvo sujeta a cuestionamientos en torno a su legitimidad y honestidad.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el posterior estallido social que generó, fueron la hecatombe que propició el declive definitivo del otrora partido hegemónico en el poder, y el suceso que la izquierda necesitaba para validar su discurso, en el que señalaba que aún existían remanentes del “viejo PRI”, profundamente corrupto e irrespetuoso de los Derechos Humanos.
El costo que tuvo para el PRI la verdad histórica en términos de legitimidad política resultó enorme, y de probarse la culpabilidad y la omisión de sus responsabilidades del ex procurador Murillo Karam, también resultará adverso para los dirigentes del PRI nacional, al insistir en la presunta inocencia de este, pues la sociedad mexicana lo percibirá como una muestra de indolencia respecto a un tema de gran sensibilidad