Al parecer, cuando menos del Congreso del Estado, sí hemos recibido buenas noticias en las últimas semanas. Y es que el jueves se aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal, entre las que se incluye el Presupuesto Participativo Municipal, que ya había sido impulsado por el Sistema Estatal Anticorrupción.
Este mecanismo de democracia directa, permite a la ciudadanía decidir en conjunto con las autoridades locales, sobre una parte del ejercicio de los recursos públicos.
Es una buena noticia porque tomar las grandes decisiones desde los escritorios, no ha funcionado ni para el Gobierno Estatal ni para los Ayuntamientos y los pocos instrumentos para hacer valer la voz ciudadana, son pura palabrería.
Por ejemplo, desde hace años disponemos de una Ley de Participación Ciudadana, que contempla instrumentos como la Consulta Popular, la Iniciativa Ciudadana y la Audiencia Pública, que prácticamente no se han ejercido, por una gran indiferencia social y política.
Esto resulta muy bien explicado en el “Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Hidalgo 2020”, coordinado por el INE México, en el que se sostiene que en nuestro Estado persiste una ciudadanía de «baja intensidad», que significa que la mayoría de las personas no creen en la ley, ni en la autoridad, aunque hayan intervenido en su elección. Que difícilmente responden a las agresiones o a la vulneración de derechos, y permanecen indiferentes a los asuntos públicos. Que no creen en el gobierno, pero esperan todo de él.
Así que la aprobación del Presupuesto Participativo, abre una vía para superar esa condición de ciudadanía indiferente y ajena a la vida pública. Ahora bien, para que dicho mecanismo sea lo que debe ser, necesita recoger las iniciativas por cada colonia o comunidad y definir prioridades; que la ciudadanía lo conozca y esté dispuesta a participar, y por supuesto disponer de una bolsa presupuestal digna y bien ejercida.
Sin estas condiciones más que un logro, será otro instrumento de simulación de “buen gobierno”
