Día a día salen a la luz diversas irregularidades asociadas a la corrupción municipal, ligadas a la falta de control, malas prácticas y escasa capacitación, lo que facilita la comisión de delitos. Los casos son tantos que, prácticamente no hay semana en la que no conozcamos por la prensa un nuevo caso de corrupción en algún Ayuntamiento.
El último fue la destitución por parte del Congreso del alcalde de Calnali, Isaid Acosta, abanderado del PESH. por violar una inhabilitación dictada en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión como Secretario de Obras Públicas entre 2016- 2020.
Por la misma calle de la amargura se encuentran 8 ex-alcaldes que tienen observaciones pendientes con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo por 14 millones de pesos mientras que otros 16 ayuntamientos “heredaron” irregularidades por 48 millones de pesos.
Caso aparte, el municipio de Huazalingo, donde se compraron dos plantas de tratamiento de aguas residuales, que costarón 20 millones de pesos y que ya no funcionan, por lo que iniciaron las indagatorias contra el ex-alcalde para saber qué ocurrió. Este caso se vincula con la planta instalada en San Agustín Tlaxiaca que también costó unos 20 millones de pesos pero que aunque su construcción se demoró cinco años no tiene barda perimetral, ni camino de acceso. Lo que nos ayuda a entender por qué de las 78 plantas que hay en el territorio hidalguense únicamente funcionan 51.
El Museo y Centro Cultural Bicentenario de Actopan, es otro ejemplo de corrupción municipal, porque a pesar de haber costado al erario unos 12 millones de pesos, será demolido por presentar diversas fallas estructurales que lo calificaron como un “inmueble de alto riesgo de derrumbe”.
En este tenor, resulta por demás curioso, que un diputado emanado tambien del PESH, Felipe Ernesto Lara Carballo, haya propuesto una reforma para que cada municipio cuente con un sistema local anticorrupción, como si crear más burocracia fuera suficiente, mientras que ningún municipio es capaz de llevar a cabo prácticas como el Cabildo Abierto o Presupuesto Participativo, que ha propuesto el Sistema Estatal Anticorrupción que servirán para transparentar sus decisiones y promover la participación ciudadana, sin crear oficinas ni invertir más.
Pero es más fácil repartirse el “botín” y crear más burocracia para simular, hacer y deshacer
