Para dar rango constitucional a la creación de un Registro Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género, Familiar y de aquellos que sean Deudores Alimenticios, la diputada Lisset Marcelino Tovar presentó ayer una iniciativa de reforma, que también establece la prohibición de contender por cargos púbicos a las personas que hayan sido responsables de la comisión de esos ilícitos.
La legisladora morenista propuso crear un artículo 24 bis y reformar la fracción IV del artículo 31; además, adicionar la fracción VII al artículo 63 y la fracción IX al artículo 128 de la Constitución estatal.
Según la iniciativa, el Instituto Estatal Electoral (IEEH), el Poder Judicial de Hidalgo (PJH) y el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) serán los entes encargados de crear y operar el Registro Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género, Familiar y de aquellos que sean Deudores Alimenticios.
“Con la presente iniciativa, se busca que quien haya sido encontrado responsable de ejercer violencia familiar, por las autoridades competentes, no pueda ser elegible para buscar un cargo de elección popular durante los siguientes cinco años”, señaló la legisladora.
Sin embargo, la propuesta de reforma no establece periodicidad para que los implicados en este tipo de conductas delictivas estén inhabilitados para buscar una alcaldía, diputación y la gubernatura de Hidalgo.
El documento apunta que quien aspire a una candidatura, no podrá ser elegible para contender por algún cargo de elección popular si es responsables de haber ejercido violencia contra las mujeres o violencia familiar, así como si es deudor alimenticio.
No obstante, menciona que el IEEH determinará, según las condiciones del caso concreto, el comportamiento del sujeto responsable y la gravedad del caso, si una persona responsable de cualquiera de esos delitos “puede ser elegible”
