Una de las grandes discusiones que se han desatado en estos días en redes sociales es el cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo que es el representante del poder judicial de nuestro país y con ello del máximo tribunal nacional.
La decisión será tomada el día 2 de enero del 2023, ante la culminación de la presidencia del actual presidente Arturo Zaldívar.
Las teorías no han faltado, los apoyos tampoco, pero previo a ello debemos de aclarar que si bien la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un cargo de gran importancia para todo el país este es obtenido mediante una votación directa del pleno de la Suprema Corte que corresponde a los 11 ministros y ministras de la misma.
En consecuencia, el voto de cada ministro es secreto y la votación es videograbada y transmitida en tiempo real pudiendo ser observado por todo el país, sin que deba de existir justificación alguna para la votación.
Otra cuestión de relevancia es que si bien quien presida el Pleno será el representante de dicho poder ello no le otorgo ningún valor superior a su voto dentro de las decisiones que se tomen en conjunto para resolver aquellos asuntos que competen a alguna de las Salas o al Pleno mismo.
Sin embargo, si cuenta con facultades administrativas y ejecutivas dentro del poder judicial amplias; así mismo como representante es el encargado de mantener la comunicación de manera directa con el resto de los poderes.
En consecuencia, la figura de la presidencia de nuestro máximo tribunal si bien en gran medida es administrativa lo que faculta y responsabiliza de la correcta administración de recursos que se traduce en generar las herramientas necesarias para lograr acercar la justicia ya facilitar el acceso a la misma, también en una vertiente representativa tiene grandes obligaciones como es salvaguardar la independencia judicial y mantener relación cordial con el resto de los poderes autónomos de nuestra nación.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
juanfer_lm@jfg