Tiene ya bastante tiempo la caravana migrante en nuestro país y la entrada de diversas caravanas con miras a lograr a llegar a nuestro vecino del norte y como consecuencia ha surgido la discusión sobre el papel de cualquier país ante el ingreso de inmigrantes en su territorio.
En tal sentido, he de mencionar que jurídicamente es bastante debatible el derecho a la libertad de tránsito dentro de un territorio y de un país a otro, siendo siempre la respuesta que existen restricciones a dicho derecho y esas restricciones no son otras más que aquellas que enmarca la propia ley.
En consecuencia, es que si bien México puede ser un país humanitario como muchos que intente acoger a gran parte de refugiados o asilados, lo cierto es que ello no puede ser ajeno ni a derecho ni a los procedimientos respectivos.
Lo anterior, tiene como sustento el derecho de los propios migrantes como de los connacionales ya que, dichos procesos garantizan la soberanía, la seguridad y orden público, la salud e incluso el derecho de terceros.
De lo anterior se desprende que para que una persona pueda ser considerada refugiada no solo es necesario que la misma se autodenomine como tal, sino que el Estado que lo recibe así lo determine de acuerdo a la normativa y al procedimiento preestablecido.
Por tanto, es que la calidad migratoria de las personas no queda al arbitrio de los Estados sino a las leyes existentes en los mismos puesto que, de lo contrario el vacío legal pudiera ser ocupado por diversas personas que en beneficio propio pudieran buscar escapar de la justicia o de sus acreedores, por ejemplo.
Sin embargo, la finalidad de estos procesos es proteger a los migrantes que en realidad cumplan con las características para ser considerados refugiados, no así para que el país que los reciba cumpla con la obligación primigenia de su país natal.
En tal sentido, debemos de apegarnos a derecho y garantizar sus derechos humanos los cuales deben de ser respetados, reconocidos y garantizados aún sin ser refugiados o estando en espera de su resolución puesto que, nuestro deber como país y sociedad es garantizar los derechos de todas las personas.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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