La diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del PRI, dijo que es necesario realizar modificaciones al Código Penal Federal, para erradicar el influyentismo o favoritismo de funcionarios públicos, implicados en delitos de índole sexual.
Vargas Rodríguez, quien es representante del Distrito 1 de Huejutla de Reyes, en el estado de Hidalgo dijo que lamentablemente en nuestro país persiste la violencia contra las mujeres, debido a la sombra ominosa de impunidad, que envuelve todo el proceso de la defensa de la mujer.
Indicó que su propuesta para reformar el artículo 325 del Código Federal, no es simplemente un ajuste legislativo más. “Es el resultado de una petición pública que exige erradicar la corrupción y la impunidad, que han manchado el camino hacia la justicia.
“Las cifras, los sabemos, son relatos de sufrimiento, de pérdida, de desesperación”, señaló.
Manifestó que los casos de feminicidio y agresiones sexuales en nuestro país, no son solo alarmantes por su número, sino por la frecuencia con la que los culpables evaden la justicia.
Por ello, destacó, “buscamos firmemente endurecer significativamente las penas para aquellos servidores públicos, en particular a los ministerios públicos, que por acción u omisión, protejan a los perpetradores de delitos sexuales, asegurando que dicha conducta no solo sea castigada, sino también vista como aborrecible y contraria a todo lo que estamos defendiendo.
Indicó que con el incremento en las penas, se busca enviar un mensaje certero, claro, justo. “En México la corrupción y la impunidad no deben de ser toleradas”, expresó.
Por ello, plantea sanciones de 3 a 8 años de prisión y de 500 a mil 500 días de multa, además de ser destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública, para los servidores públicos que retrasen o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.
“Este cambio legislativo es esencial no solo para castigar a los culpables, sino también para restaurar la fe en nuestras instituciones judiciales, haciendo del acceso a la educación y a la justicia una realidad palpable para todas las víctimas que han sufrido este delito”, comentó la diputada Sayonara Vargas.
Y es que dijo que al no enfrentar consecuencias legales apropiadas, estos funcionarios por supuesto que no solo continúan en sus cargos con gran poder e influencia, sino que también pueden reincidir en su comportamiento delictivo.