Ante la serie de casos públicos que evidencian a familiares de adultos mayores por ser defraudados, la legisladora local Adelaida Muñoz Jumilla pidió castigo legal a quienes cometan este tipo de actos ilícitos.
Señaló que el derecho a la asistencia social no se limita en el trato digno, respetuoso y sensible en la inscripción, tramitación y gestión de dichos programas que tienen derecho conforme a la ley, sino que familiares tienen obligaciones.
Propuso que las autoridades competentes velen por el buen uso de los ingresos y pensiones o bien, jubilaciones de personas adultas mayores cuando estén imposibilitadas al manejo de sus finanzas de manera personal.
De ahí la importancia que sea el Sistema DIF, que habilite una línea de atención en favor del sector, familiares y cuidadores, para facilitar las denuncias en caso de sufrir explotación financiera o bien, se abuse de la situación personal que signifique una afectación de los recursos, que se reciben de programas de asistencia social.
Indicó que los familiares están obligados a no cometer actos de discriminación, abuso, explotación, maltrato y despojo, así como actos jurídicos que pongan en riesgo la salud, desamparo y pérdida de sus derechos.
De acuerdo con cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), destaca en el documento de 2020 en materia de pobreza y personas mayores en México, que el 46.1 % de la población de 65 años o más, contaba con ingreso inferior a la línea de pobreza y poco más de la mitad de éstos, es decir, el 55.7 % contaba con ingresos por pensión no contributiva.
Aunque este recurso no es suficiente para atender las necesidades, sin duda, dichos apoyos permiten cubrir algunas carencias elementales.