Caso Progreso, llamado de atención para capacitar policías en Hidalgo: PGJH

El procurador de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo González, afirmó que el caso de la doctora Beatriz, quien se suicidó en la barandilla de Progreso de Obregón tras presuntas omisiones de elementos municipales, debe ser un llamado para que los municipios y el gobierno estatal pongan “especial atención” en la capacitación del personal policial.
Asimismo, dijo, para tener en cuenta los protocolos en cada una de las actuaciones que atienden “e insistir en la obligación de respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas”.
Tras leer un comunicado en el que informó  sobre la vinculación a proceso de siete miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de Progreso de Obregón por homicidio culposo por omisión y el inicio de otra audiencia por las irregularidades en la detención de la occisa, el fiscal afirmó que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio, “como se procede en todas las muertes violentas de mujeres”.
Aunque los video de la comandancia probaron que no se trató de una muerte por razones de género a manos de los agentes, el magistrado con licencia apuntó que los policías de Progreso tenían la obligación de garantizar la dignidad, la vida y la integridad de la víctima.
Recordó que el hecho produjo indignación y atrajo la atención de organizaciones nacionales e internacionales de protectoras de los derechos humanos, de atención víctimas, de colectivos de la sociedad civil, de instancias gubernamentales y de medios de comunicado, además de que “provocó un daño irreparable a una familia”.
No obstante, durante su mensaje Arroyo González no se pronunció sobre el caso de Leobardo, poblador indígena de la localidad de Xuchitlán, San Salvador, que falleció el martes –tras 15 días hospitalizado– a causa del indebido uso de la fuerza por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), quien el 1 de junio, en una protesta afuera del palacio de gobierno, le disparó una carga de agentes químicos a la cabeza, acción que le provocó múltiples fractura y la explosión de la masa encefálica, según dictámenes oficiales.
A diferencia de los siete integrantes de la corporación municipal, el policía de la Agencia Estatal de Seguridad Pública (ASEH) lleva en libertad su proceso penal por homicidio culposo.