La Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial se contradicen respecto a la liberación de Marco Antonio N., quien se encontraba en proceso por violencia familiar y privación ilegal de la libertad en contra de Rosaura N. El encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Hernández Hasbún, señaló que el Ministerio Público no autorizó la liberación del sujeto.
El funcionario fue cuestionado sobre la suspensión condicional del proceso contra el agresor de Rosaura y sus familia y afirmó que existe documentación que evidencia que el Ministerio Público se opuso a dicha medida.
Sin embargo, la magistrada presidenta del Tribunal, Rebeca Aladro, sostuvo lo contrario y declaró que ni la víctima ni el Ministerio Público se pronunciaron en contra de la medida que permitió la liberación del agresor.
El titular de la Procuraduría afirmó que existen pruebas de que sí hubo oposición; no obstante, no reveló los argumentos presentados en su momento, aunque aseguró que todo quedó debidamente grabado.
Ambas dependencias han defendido la legalidad de sus actuaciones. En este contexto, la falta de claridad en sus declaraciones ha generado dudas sobre la responsabilidad de las instituciones en la liberación del agresor, pese a que la víctima había advertido el riesgo que corría.
Marco Antonio N., cumplió sus amenazas contra Rosaura y su familia a quienes finalmente asesinó, así como a su madre y su hermana, luego de haberse presentado en su domicilio con un arma punzo cortante.
Asimismo, lesionó gravemente a dos familiares adicionales de Rosaura. Estos hechos han generado el repudio de la ciudadanía, que exige justicia y claridad en las investigaciones.
Chocan PGJE y el Poder Judicial por la liberación del multihomicida
PorDinorath Mota López
Feb 11, 2025
De haber existido “línea”, ni la PGJ ni el TSJ, son responsables de los casos de impunidad, el poder es asi, procesalmente hablando, porque no se trata aún de fallos definitivos, sino procesales, siguiendo una orden superior, que ha permitido la liberación, por una parte de un acusado de violencia familiar, que cabe señalar, aun sin presión política, tenia derecho a salir en libertad, así están las leyes que procuran beneficiar mas al que delinque, que al que resiente un agravio, pero esos si, sin tomar en cuenta la peligrosidad del imputado, no se ordenó vigilancia adecuada de los procesales para que no se acercara a la víctima y a su familia y también se paso por alto el tan trillado equidad de genero; puesto que la agraviada era la esposa y esta vez, aún mas grave en el otro caso de delitos sexuales, se ignoró flagrantemente el derecho superior de las menores, puesto que al parecer lo que si se se aplicó fue el interés superior del influyentismo y amiguismo a favor del político relacionado con esos hechos. Mientras tanto hay cuatro personas muertas y dos menores de edad a quienes se les esta negando la justicia, vaya sistema tan aberrante el que tenemos ahora.