La pandemia es un fenómeno que nos ha abatido a todos y que nadie se lo esperada, pero que como sociedad y humanidad debemos de superar, puesto que la vida ha continuado aún y con la pandemia existente.
Sin embargo, como lo hemos señalado en líneas anteriores la justicia es una actividad de primera necesidad que no puede ser supeditada a ninguna condición desproporcionada o irracional, por lo que el Estado debe de proveer lo necesario para que en la medida de lo posible puedan tener acceso a la justicia las personas.
En tal sentido, debemos de señalar que existen materias que necesitan de una mayor protección y por ende no se puede bajo ninguna circunstancia, impedir o delimitar el acceso a dichos tribunales, como lo son en materia familiar, dado que se encuentra el interés superior del menor, la materia penal, donde se encuentra involucrada la libertad de las personas y las materias tanto administrativas como de amparo que involucran en estricto sentido la protección de derechos humanos de las personas frente al Estado.
Por tanto, es que en las materias anteriormente enmarcadas no puede existir un solo día sin que el Estado se haga cargo de permitir el acceso a las personas a la justicia, lo que implica una justicia efectiva y eficiente.
En consecuencia, es que, si se ha ampliado tanto el periodo vacacional; así como las suspensiones por la presente pandemia, afecta directamente los derechos de las personas que se ven impedidas en revisar sus expedientes, y en resolver los asuntos en los que sus derechos se encuentran en tela de juicio.
En tal sentido, es que el Estado e inclusive los tribunales deben de prever bajo cualquier posibilidad no solamente la revisión de los expedientes por parte de los interesados, sino la posibilidad de su actuación dentro de los mismos, puesto que como fue señalados en columnas anteriores existen métodos que lo permiten y ante la imposibilidad de los mismos el tribunal deberá de permitir el propio ingreso de las personas, puesto que con todas las medidas de seguridad debemos de recordar que el acceso a la justicia y la transparencia de los juicio es un derecho fundamental de toda persona.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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