Durante la noche se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mismo que derogara los códigos de procedimientos civiles y familiares de todas las entidades federativas de nuestro país.
En consecuencia, se pretende unificar los procedimientos en todo el país, para que todas las controversias de carácter civil o familiar se resuelvan de la misma forma, lo cual facilitará la labor cotidiana tanto de los abogados como de los juzgadores, que sin importar conocer la norma sin necesidad de las particularidades, que cada código contenía.
En segundo punto, pretende garantizar una igualdad de derechos, dado que el mismo proceso y las mismas garantías procesales, existirán en cualquier parte del país, lo que ayudará a tener una justicia mucho más igualitaria.
En tercer punto, el presente código intenta garantizar un sistema de justicia acorde a nuestros tiempos más eficiente y eficaz, así como un enfoque diferenciado que permita garantizar derechos de todas las personas.
Sin embargo, existen diversas problemáticas que se han planteado, puesto que en primer punto es necesario una capacitación extensiva tanto a los abogados como a los servidores públicos, quienes serán los actores principales del propio proceso.
En segundo punto, será necesaria una inversión extraordinaria para garantizar aquello que se pretende en el código, desde la capacitación del personal hasta la infraestructura necesaria para lograr el fin planteado.
En tercer punto, las diferencias existentes incluso en nuestro propio país, crearán retos imprescindibles para unificar los procesos a nivel nacional.
Finalmente, es de mencionar que conforme se estudie cada vez más el Código, se verán tanto sus bondades como aquellos errores necesarios de corregir a lo largo del tiempo, pero lo cierto es que es un hecho.
Por tanto, como abogados debemos de comenzar una capacitación ardua hacia el nuevo Código, que nos permita lograr todas las bondades del mismo y mejorar aquello necesario en pro de la justicia de nuestro país.
juanfer_lm@jfg