Con señalamientos, designan a quinto integrante de comité ciudadano Anticorrupción

Pese el cuestionamiento de conflicto de interés por parte de organizaciones civiles, la Comisión de Selección designó, con ocho votos a favor y una abstención, a Lucero Calderón Hernández como la quinta integrante del Consejo Ciudadano de Participación (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
La funcionaria de la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Hidalgo fue electa por un periodo de cinco. En cinco días deberá entregar su declaración patrimonial, de conflicto de interés y fiscal o no será ratificada el 29 de enero; además, antes de ese día tendrá que renunciar a su actual cargo.
Alberto Alfonso Paredes Dueñas, Yolanda Marysol Escorza Sánchez, Julio César Monzalvo Uribe, Maximiliano García Hernández, Irma Canales Granillo, César Ángeles Lopez Torres, Víctor Arroyo López y Rafael Gómez Gutiérrez avalaron el nombramiento; mientras, Estefanía Gómez Ramírez se abstuvo.
La mañana del martes Gerardo Romero García, aspirante al cargo, y organizaciones sociales y de abogados advirtieron que el nombramiento de Calderón Hernández representa un “grave conflicto de interés”, pues su esposo, Raúl Kenndy Cabildo, es consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Datos Personales de Hidalgo (Itaih), ente integrante del SEA.
Incluso, afirmó que acudiría ante el Congreso del estado, que debe avalar la designación, para solicitar que se evalúe  la situación. También acusó la intromisión de la presidenta del Itaih, Myrna Moncada Mahue, para favorecer a la cónyuge de su compañero.
Tras la designación, Paredes Dueñas, presidente de la Comisión de Selección del CPC, consideró que, desde su punto de vista, en el nombramiento del quinto elemento del SEA no hay conflicto de interés.
Justificó la elección de Calderón Hernández con el argumento de que resultó el perfil mejor evaluado (en lo curricular y en su proyecto) y que los integrantes del ente elector votaron “con base en sus convenciones”, no por acuerdo.
Respecto a la selección de una persona que proveniente de la burocracia por encima una de la sociedad civil, Paredes Dueñas dijo que de las cinco personas que pasaron a la etapa de la entrevista, únicamente uno pertenece al sector de las organizaciones.
“Si tuvieron 20 que provinieran de la sociedad civil, seguramente habría más posibilidad de escoger a algún así; el problema es que no están participando”, aseveró.
Negó que al designar a un miembro de la burocracia envíen un mensaje de que estos lugares de participación cuidada están apartados y añadió que en el siguiente proceso electivo ampliarán los tiempos de la convocatoria, en busca de mayor participación ciudadana.
Cuestionado si la designación de la funcionaria estatal no representaría otro conflicto de interés para observar actos de corrupción en la administración hidalguense, donde ha laboral en varias dependencias, el presidente aseveró que la función del CPC no es sancionar ni perseguir estos asuntos, sino el desarrollo de políticas públicas en la materia.
Sin embargo, el ente que preside el SEA si tiene facultades para interponer denuncias por casos de corrupción.
En tanto, la comisionada Gómez Ramírez señaló que se abstuvo de votar “por diversa causas” y “por razones de percepciones de sociedad civil”.