La inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un año de los cuatro regidores de oposición del ayuntamiento de Pachuca concluyó en marzo pasado, de acuerdo con información del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Hidalgo.
Según el registro estatal, la sanción de los asambleístas comenzó el 30 de marzo de 2021 y concluyó el mismo día de este año. No obstante, hasta el momento no se ha informado en las sesiones de Cabildo sobre la incorporación de los servidores públicos.
Los regidores que recibieron la sanción por no haber presentado su declaración patrimonial de inicio del cargo, según la sanción de la Contraloría municipal, son Carlos Jaime Conde Zuñiga, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Pablo Elias Vargas González, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); y los independientes Olivia López Villagrán y Ricardo Crespo Arroyo, aunque el primero y el último aseguraron, en una conferencia de prensa, haber cumplido con su obligación previo a haber sido amonestados.
Asimismo, Crespo Arroyo y López Villagrán promovieron amparos por separado para buscar revertir su situación. En el caos del primero lo ganó en julio del año pasado, toda vez que la autoridad judicial consideró que el expriista no fue legalmente emplazado al procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado en su contra, lo cual, según la resolución, le impidió al también excandidato a presidente municipal de Pachuca comparecer ante la Dirección de Responsabilidad, de la Secretaría de Contraloría y Transparencia, aunque el gobierno municipal promovió un recurso de revisión en contra de la resolución. En cuanto respecta a la regidora, esta también promovió un recurso jurídico, aunque este fue sobreseído en octubre de 2021, debido a que también tramitó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
Luego de haber sido inhabilitados, tres de los regidores acusaron que la sanción fue con intención dolosa por parte del alcalde Sergio Baños Rubio y funcionarios del gobierno municipal y advirtieron que buscarían que cesaran de sus cargos a los servidores públicos encargados de los procesos en su contra. Estas acciones, incluso le costaron el registro como candidato suplente a diputado local a Ricardo Crespo.