En estos días el Estado mexicano recibió una condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo una más a la lista de ya diversas condenas que México tiene en su haber, mismas que han demostrado la falta de justicia en nuestro país.
Esta nueva sentencia es sin lugar a dudas una nueva afrenta al sistema de justicia mexicano, de nueva cuenta la Corte nos señala no solo las anomalías en nuestro sistema sino la falta de investigación, la mala labor de las Fiscalías o Ministerios Públicos, y debe de señalarse la falta de diligencia de los órganos jurisdiccionales.
En tal sentido, todo nuestro sistema fue modificado bajo el pretexto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy una nueva sentencia nos reafirma que los vicios siguen presentes en nuestro sistema jurídico y no es una cuestión del sistema sino de los operadores.
Considero que debe de ser un momento de reflexión en nuestro país, comprender que la investigación penal y los procesos penales, no son un tema de publicidad ni de política pública.
Por el contrario, es la demostración del Estado Constitucional de Derecho, mismo que solamente se garantiza a través de un proceso que respete los derechos humanos de todas las personas, donde el imputado sea el fin del mismo y la investigación apegada a derecho pueda destruir la más mínima duda respecto a una inocencia posible.
Sin embargo, hoy la sentencia deja entrever un Estado muy distante del esperado, mismo que sus instituciones lejos de ser independientes y eficaces son arcaicas y opacas, donde la lucha por los derechos humanos es una lucha contra el Estado.
En consecuencia, las instituciones deben de cambiar, verse como perfectibles y, por ende, como vulnerables al error, por lo que el error no solo puede ser posible, sino que las mismas deben dejar de lado la soberbia que en gran medida ha caracterizado al sistema y aperturarse a la sociedad civil, en especial a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad en general.
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