La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó los recursos bancarios de Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, empresa propiedad del Benjamín Rico Moreno, excandidato priista de la coalición Va por México a una diputación federal.
El pasado 10 de junio, cuarto días después de perder las elecciones por el distrito de Pachuca contra la legisladora morenista Lidia García Anaya, la constructora del exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, ingresó una solicitud de amparo contra la Ley de Instituciones de Crédito, así como por el congelamiento de cuentas bancarias.
El expediente quedó radicado en el Segundo Juzgado de Distrito de Hidalgo bajo el expediente 710/2021, que concedió la suspensión provisional “para el efecto de que las autoridades responsables levanten la orden de bloqueo y/o inmovilización de la cuenta número…”, de acuerdo con los estados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La audiencia incidental para determinar si el demandante obtiene o no la suspensión definitiva de los actos reclamados, se llevará a cabo el próximo 24 de junio, mientras que la audiencia constitucional, el 27 de julio.
En marzo pasado, tras la publicación de un medio local que aseguraba que el entonces precandidato priista era investigado por la UIF derivado de movimientos financieros millonarios, el alcalde suplente de Pachuca afirmó desconocer la pesquisa en su contra e incluso, dijo, acudió a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó (SHCP) a solicitar información.
Además, el también empresario aseveró que la filtración del presunto expediente se trataba de “guerra sucia”, para evitar su postulación como aspirante a legislador federal por el distrito capitalino.
Asimismo, durante su campaña recriminó a García Anaya su vínculo con el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, preso en el penal de Almoloya, acusado de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita
