La Consulta Popular a realizarse el próximo primero de agosto, ha supuesto todo un suceso polémico en la escena política mexicana.
La sola propuesta de enjuiciar a los expresidentes, ya es de por si polémica. Pero, determinar el futuro jurídico de un ciudadano mediante la Consulta Popular, es lo que tiene tan dividida la opinión pública en torno al tema.
Las opiniones están divididas. “Dictadura plebiscitaria”, “acto inconstitucional”, “populismo” se escucha entre sus detractores, mientras que por otro lado se habla de “democracia”, “justicia popular”, “combate a la corrupción”.
Se comprende que la Consulta Popular goza de legitimidad ciudadana, pues someter a decisión popular una medida punitiva concerniente a actores políticos, hacia los cuales gran parte de la sociedad mexicana siente un gran recelo, tiene un impacto favorable en el imaginario colectivo a la hora de percibir a López Obrador, como una figura democrática, transparente y con un compromiso sólido para combatir a la corrupción.
También hay quienes ven en la Consulta un recurso demagogo, polarizador y revanchista por parte del presidente, que en un intento constante por revalidar su legitimidad y evitar que se deteriore su aún vigente imagen como una figura honesta, se vale de recursos que en primera instancia podrían vislumbrarse como democráticos, legales y válidos, pero qué, si se miran a fondo, dichos recursos resultan de corte propagandístico y perpetúan el infantilismo político con el que desde dos casi dos décadas, se ha asociado a la figura de López Obrador.
Es precipitado hablar de la viabilidad jurídica y los posibles efectos en materia de rendición de cuentas que tendría el enjuiciamiento a los expresidentes, en caso de materializarse por medio de la consulta popular, pero el solo hecho de llevar a cabo dicha consulta, ya ha tenido dividendos políticos nada despreciables para el obradorismo: polarización, confrontación y revalidación popular, todo ello positivo para la administración de un presidente, que tiene la interacción con la sociedad más directa que haya tenido un mandatario en décadas, aunque está prácticamente nunca se traduzca en eficiencia administrativa
Por Arturo Hernández Cordero