Consulta previa en la adopción de políticas a favor de discapacitados

Las personas con discapacidad tienen derecho a ser consultadas de manera estrecha y a participar en la elaboración y aplicación de legislación, políticas y demás procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio y respeto de sus derechos humanos.
Por ello, la diputada Norma Angélica Aceves García, del grupo Parlamentario del PRI, propuso que se hagan reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de Consulta Previa.
Indicó que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, señala que los Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas pertinentes, para hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, proceso durante el cual deberán ser consultadas de manera directa y a través de las organizaciones que las representan.
La priista hidalguense comentó que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las personas con discapacidad han sido históricamente un grupo estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de discriminación, colocándolas en situaciones de desventaja y exclusión social, por lo que, los Estados reconocieron la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Dijo que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información.
Sin embargo, destacó la importancia de promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas.
“Uno de los grandes retos que tenemos como Legislatura, en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, es diseñar e implementar un mecanismo de Consulta previa para las personas con discapacidad”.
Sin Consulta, ya lo demostró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corremos el riesgo de que todos los trabajos legislativos que realicemos, en los que se involucran derechos de las personas con discapacidad, puedan ser invalidados y con ello quedaríamos en deuda con la misión de perfeccionar, el marco jurídico nacional”, advirtió