Con las reformas realizadas al artículo 21 constitucional por parte de los senadores y que se espera sean ratificadas por los diputados, se refuerzan las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a fin de dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación en la investigación de los delitos.
Es decir, se le dan facultades para la investigación de delitos y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.
Con ello, se establece que “la investigación de los delitos, corresponden al Ministerio Público, a la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función”.
Ordena que “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios, para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema, a través de su Secretariado Ejecutivo.
Asimismo, se destaca que a la SSyPC le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia, en materia de seguridad pública.
Además, podrá coordinar acciones de colaboración con los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información que dispongan en la materia.