Finalmente se aprobó la modificación de la Política Estatal Anticorrupción para alinearla al Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2022 – 2028, con la que se pone en la mira, los amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, así como la falta de contrapesos que han minado la confianza de la ciudadanía.
Si bien se ha señalado que dicha modificación implica el desmantelamiento del Sistema Anticorrupción, un órgano diseñado para coordinar los esfuerzos anticorrupción, monitorear y evaluar el progreso del estado en la erradicación de la este problema, y facilitar la participación ciudadana en la lucha anticorrupción, la realidad es que este diseño institucional creado en 2016, no logró consolidar su independencia y autonomía, replicando año tras año la relación de conflicto de interés que hay entre el Ejecutivo y las entidades encargadas de fiscalizar su ejercicio, así como con las entidades responsables de investigar y sancionar los actos de corrupción.
Pero ha recibido el apoyo político y presupuestario que necesita para prosperar y alcanzar su potencial completo.
Otra de sus mayores debilidades, es que el Comité de Participación Ciudadana, a cuyos integrantes se les quitaron los altos pagos de honorarios, puesto que no son servidores públicos, nunca abrió suficientes espacios de análisis y debate, para socializar la normatividad, ni discutir la Política Anticorrupción.
La realidad es que, a nivel nacional, los sistemas anticorrupción han tenido éxitos limitados, y el progreso ha sido lento, por lo que es deseable, es que con esta alineación, el Sistema pueda continuar a reforzar sus capacidades y desarrollar maneras creativas de cumplir con sus mandatos.
Pero el gobierno estatal necesita hacer su parte: asegurando fondos adecuados, e implementando la Política Estatal, para ampliar las posibilidades de éxito y cimentar el compromiso del Gobernador Julio Menchaca de poner fin a la corrupción.
