Para contribuir a la protección de los derechos político- electorales de las personas que pertenezcan a los distintos grupos vulnerables, el Tribunal Electoral l del Estado de Hidalgo aprobó por mayoría, la creación de la Defensoría Pública de la Ciudadanía.
La idea central de este órgano perteneciente al Tribunal Electoral, contribuirá en generar una mayor igualdad en la vida política de la entidad.
Sobre todo, al tomarse en consideración que en Hidalgo existen mil 188 comunidades indígenas de las cuales, una mayor parte de la población se localiza en los municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y San Felipe Orizatlán.
Otro de los grupos susceptibles que requieren atención especial, son las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ+ o diversidad sexual; tan solo en las estadísticas de 2022, un total de 110 mil 770 personas de distintas edades, se asumieron con identidad de género trans, así como aquellas que se autoescribieron con orientación sexual diversa.
Otro de los sectores que requiere un tratamiento especial son las personas con discapacidad.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan cerca de 166 mil 965 personas en el territorio hidalguense, quienes presentan algún tipo de discapacidad, de este universo, el52.23 por ciento son mujeres y 47.77 de los ciudadanos tienen algún tipo de debilidad visual.
Mientras que 74 mil 106 presentan algún tipo de deficiencia en su movilidad y 41 mil 241 tienen alguna discapacidad auditiva, sin contar aquellas que hoy enfrentan dificultades para recordar cosas o concentrarse y que abarca a 31 mil380 personas.
El magistrado presidente del órgano electoral Leodegario Hernández Cortéz, enfatizó que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que ha puesto el ejemplo con la creación de este tipo de defensoría pública en la materia. De ahí que dicha iniciativa ha sido retomada por diversos tribunales electorales locales, que hoy en día ya cuentan con la misma figura, además de las reformas a sus reglamentos internos, que permiten dar un mejor servicio a los grupos históricamente vulnerados.