Pachuca.- El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, presentó una iniciativa para crear el registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género.
Este registro contemplará los delitos de feminicidio, violencia familiar, violación, embarazo no deseado a través de medios clínicos, esterilidad provocada y disposición de óvulos o espermas sin consentimiento, abuso sexual, violación a la intimidad, estupro, aprovechamiento sexual y hostigamiento sexual.
En rueda de prensa, indicó que con esta herramienta será un “mecanismo efectivo” de prevención y protección para evitar el riesgo de la reincidencia y repetición de este tipo de conductas.
Agregó que durante 2022, en la entidad se registraron 18 feminicidios, mil 52 violaciones, 673 abusos sexuales y 6 mil 929 hechos de violencia familiar, principalmente en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Ante esta situación, dijo que Hidalgo ocupa el lugar 17 a nivel nacional, en la comisión de delitos de violencia familiar y el quinto en violación.
Nieto Castillo dijo que en comparación de los registros de Baja California y Ciudad de México, la información de esta base de datos no será pública, debido a una sentencia de la Sala Superior de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), la cual dijo que no comparte. Por lo que solo podrán ser consultados por autoridades ministeriales, judiciales y electorales, así como los interesados que deseen conocer si se encuentran inscritos.
Explicó que algunas de las reformas que propone con esta iniciativa, son que los titulares de áreas administrativas de la PGJEH, así como agentes del Ministerio Público (MP), agente de investigación y personal policial no estén inscritos en este registro para ocupar dichos cargos. También que para la contratación y permanencia del personal de las secretarías de Educación Pública (SEPH), Salud (SSH) y Seguridad Pública (SSPH) no deben ser parte de este registro.
También se establece en el Código Electoral estatal como requisito de elegibilidad, el no estar inscrito en el registro de agresores sexuales y violentadores de género.
