Por Arturo Hernández Cordero
El trágico accidente, acaecido la semana pasada, de un tráiler en el que viajaban más de 150 migrantes centroamericanos, de los cuales perecieron 55 de ellos, ha dejado en evidencia a nivel internacional la magnitud de la crisis migratoria que se vive en la Frontera Sur de México.
Y es que el terrible accidente encuentra sus causas y responsables en una serie de situaciones desfavorables y autoridades inoperantes.
Es un hecho conocido, que las paupérrimas condiciones económicas y la violencia alarmante que se vive en América Central, propicia que año con año, miles de centroamericanos emprendan un viaje sumamente arriesgado y en condiciones infrahumanas con el objetivo de conseguir asilo político y una vida mejor en Estados Unidos, y esta situación tiene sus principales responsables: los gobiernos centroamericanos (principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador) altamente corruptos, ineficientes a la hora de propiciar condiciones de vida estables para sus ciudadanos y probadamente coludidos con el crimen organizado como en el caso del aún presidente hondureño, Juan Orlando Hernández (próximo a salir del cargo en enero del 2022).
Aunado a lo anterior, hay que señalar la responsabilidad de las autoridades mexicanas en el fatídico suceso. El Gobierno de México se ha mostrado incapaz de preservar el Estado de Derecho y hacer cumplir las leyes de migración. La inoperancia de las autoridades migratorias genera que el transitar de los migrantes centroamericanos por territorio nacional hacia los Estados Unidos sea aún más tortuoso.
Detrás de un camión volcado con más de 150 migrantes a bordo, existen autoridades migratorias que hicieron caso omiso a sus responsabilidades y permitieron la entrada de dichas personas al país de forma irregular, personas para las cuales el Estado no contaba con la capacidad alguna de garantizar una estancia cuando menos humana y segura en el país.
Urge acción por parte del Estado Mexicano para controlar el flujo de migrantes en la frontera Sur, no es posible sumarle a los problemas de gobernabilidad interna del país, el reto que supone garantizar la vida y la integridad de extranjeros en su travesía a los Estados Unidos