El pasado fin de semana, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo cumplieron con dos órdenes de aprehensión a exfuncionarios de la administración pública municipal y estatal.
La primera fue del exdirector de Administración de la Caasim, Salvador Torres Arqués, al que se le atribuye haber firmado un contrato de 44 millones de pesos para servicios de asesoría, que no se habrían realizado. La segunda aprehensión corresponde a Gabriel García Rojas, el exalcalde de Tizayuca.
En el primer caso, se presume haber erogado una fuerte cantidad de dinero en una actividad que no se realizó. Cuestión inaudita en un sano ejercicio de la administración pública. De tal suerte que queda en entredicho la responsabilidad del titular del área que se señala.
En el segundo asunto direcciona a un expresidente municipal. Hay que tener en cuenta que el gobierno del estado, emprendió una cruzada contra algunos presidentes que participaron en la denominada estafa siniestra.
En ambos casos hay un común denominador, un corte de caja en torno a los desvíos de recursos públicos que se realizaron presuntamente desde estos dos espacios. A la par el exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo, fue declarado culpable de peculado tras comprobarse que causó un daño al erario por 242 millones 492 mil 793 pesos, monto que fue transferido a cuentas de terceras personas.
En suma, la procuración de justicia estuvo muy activa en estos días que, por cierto, también se aprobó en el Congreso del Estado, el cambio de procuraduría a fiscalía.
Con estos casos, parece que los funcionarios del poder judicial pretenden mandar un mensaje de eficiencia y eficacia en su trabajo.
Quizá con la intención de dejar pocos pendientes a lo que está por venir, que será una cirugía mayor en términos administrativos al ejercicio de la justicia. Cabe recordar que el estado tiene un pendiente significativo en esta transición y que los trabajos para logar este cambio administrativo, se vienen realizando desde hace dos años.
En este sentido, se acerca la fecha para tener un nuevo aparato administrativo que empate las demandas de las personas por tener un mejor impartidor de justicia, en una realidad compleja como la que vivimos.
Cabe destacar, que a nivel nacional también se está discutiendo una modificación al sistema. Empezando por reformar al poder judicial por la parte más elitista: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los cambios pretender incorporar la paridad de género en los órganos jurisdiccionales, como ocurre en otros espacios de representación. Por ejemplo, el Congreso de la Unión donde su conformación tiene que ver con una cuota de género que realizan los partidos políticos.
También se pretende poder reducir el número de ministros de 11 a 9, poner un alto a los sueldos dorados, bonos y otras prestaciones y democratizar las plazas, para que el favoritismo y las recomendaciones ya no sean las llaves a esa élite.
Vaya que uno de los pendientes en nuestro país es una discusión seria sobre la impartición y administración de justicia. Un espacio intocable hasta hace unos años.