Las acciones afirmativas aprobadas el pasado 15 de enero de 2021 por el Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo INE/CG18/2021, inciden directamente en el registro de candidaturas para partidos políticos y candidaturas independientes a favor de las poblaciones afromexicanas, indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual.
Con la adopción de dichas acciones, la autoridad en la materia, busca nivelar la condición ciudadana de las poblaciones marginalizadas históricamente. Es decir, se trata de integrar a través de cuotas específicas, a estos ciudadanos que con frecuencia quedan al margen de las contiendas electorales en la modalidad de candidatos.
Es importante decir que las acciones afirmativas de 2021, derivan de movilizaciones colectivas de larga duración en el tiempo, por parte de las poblaciones históricamente excluidas del debate sobre la participación en la construcción de la democracia, como las poblaciones indígenas, LGBT, las poblaciones con discapacidad y las afromexicanas, que demandan su incorporación a la condición ciudadana real, el acceso a cargos de representación popular y a cargos públicos sin que esto implique vulneración al principio constitucional de la paridad de género.
Lo anterior, ha cuestionado y generado fisuras a una narrativa monolítica y homogénea de la ciudadanía que ha sido históricamente racista, colonialista, sexista y heterosexual. Al menos, en lo relativo a la representación política.
Pues bien, bajo estos parámetros que también se reproducen en los órganos electorales locales, lo que acabamos de conocer en el estado de Hidalgo, raya en lo grotesco. Porque resulta que dos candidaturas de personas que en apariencia no tienen ninguna discapacidad, se hicieron pasar como parte de estas acciones afirmativas.
Es decir, trataron de engañar a las autoridades y pretendían hacer lo mismo con los ciudadanos, al presentar algunos documentos que probaran condiciones de vulnerabilidad en su salud, lo cual aparentemente les daba la calidad de discapacitados.
Es el caso de Francisco Xavier Berganza (Morena) y de Alejandro González Murillo (Partido Encuentro Social de Hidalgo), quienes no pudieron acreditar la acción afirmativa por discapacidad pese a que los dos presentaron certificados médicos.
En el caso de Berganza se presentó un documento de una institución médica privada, que sostenía que el interesado padecía de una “enfermedad vertebral degenerativa”, cuestión que no pareció afectarle al paciente en sus múltiples intentos anteriores para buscar un cargo de elección popular.
Lo cierto es que en los dos casos, se puede apreciar un afán muy claro, evadir la ley y dejar sin espacio a una persona que en realidad tenga una situación de discriminación positiva.
Estos dos perfiles muy conocidos en el ámbito público, quisieron encontrar un camino fácil y engañoso para tener un cargo de elección por la vía más sencilla, la plurinominal en el número uno.
Valdría la pena, que por alguna circunstancia, estos personajes conocieran en carne propia lo que significa tener una discapacidad. Antes de robar una condición por conveniencia para ostentar un cargo de elección. La ley busca que los partidos realicen postulaciones incluyentes no postulaciones mentirosas.
Lo conducente ahora sería pedir una disculpa pública a este sector de la población que busca desde hace años contribuir en la construcción de una sociedad más igualitaria.
@2010_enrique