Más de nueve meses después de la aprobación de la reforma por parte de los diputados de la pasada legislatura, el Congreso de Hidalgo declaró ayer válida la reforma constitucional que crea la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH).
“Toda vez que se han recibido sanciones afirmativas se emite la siguiente declaratoria: la LXV Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo declara válida la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo”, decretó el presidente de la mesa directiva de junio, Roberto Rico Ruiz.
Ello se llevó a cabo luego de que más de la mitad de los 84 municipios sancionó a favor la modificación con la que se ordena la transición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) a una fiscalía como ente autónomo.
El viernes pasado, el diputado Octavio Magaña Soto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, informó que 44 municipios dieron su aval a la reforma del 3 de septiembre de 2021.
Hasta entonces, solo dos ayuntamientos habían sancionado la modificación constitucional en contra: Mineral del Chico y Villa de Tezontepec.
De acuerdo con la reforma, el órgano público tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
Una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), habrá un periodo de hasta dos años para la transición de la PGJH a la FGJH, la cual gozará de autonomía.
En entrevista previa, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que el proceso de transición tendrá un costo anual previsto en 350 millones de pesos anuales, ya que conlleva la creación de plazas administrativas con las que no cuenta la procuraduría, y la finalidad es crear una fiscalía “eficaz y autónoma”, dijo.
Si este proceso se lleva en el plazo máximo que marca la reforma, costaría 700 millones de pesos, recursos extra al presupuesto que se etiquete a la PGJH, que este año tuvo un aumento solo el 3 por ciento
