Una noticia que permeó este fin de semana, fue el señalamiento a las controversias planteadas por una figura pública, empresaria, que fue señalada por el Presidente de República respecto del uso de sus medios de comunicación, como presión social hacia el gobierno, dado que existen diversos cobros de impuestos sobre sus empresas.
Sin embargo, la respuesta no tardo en llegar, estableciendo que se estaba ejerciendo un derecho de acceso a la justicia y no se difamará al propio ministro que resolvería el asunto en cuestión.
Me parece fundamental la presente discusión, puesto que relata de cuerpo entero una de las mayores problemáticas del acceso a la justicia en nuestra época.
Por un lado, existe un hecho que no se encuentra en discusión que es el derecho de cualquier persona a inconformarse ante una resolución o un acto de autoridad y como consecuencia accionar los órganos jurisdiccionales.
Lo anterior no lo convierte ni un deudor ni en una persona culpable de ningun acto, ni debe de reparar ninguna clase de perjuicio. Por el contrario, se debe de alentar las acciones de búsqueda de justicia, lo cual crea un Estado Constitucional de Derecho.
En segundo punto, que se encuentran en el tintero, son las presiones sociales ante los jueces y en este caso, incluso, los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a través de la opinión pública, permite una falsa ilusión de justicia o injusticia, ante resolución que concuerden o no, con la opinión pública la cual puede o no tener la razón.
No obstante, esta opinión crea una presión que implica el no apoyarla al considerar incluso, un acto de corrupción por haber emitido una resolución en contrario, lo que se traduce en un cuestionamiento, no en razones jurídicas como debiera ser, sino en razones sociales que no siempre son las correctas, motivo por el cual como sociedad, debemos de ser más críticos y comprender que no siempre la sociedad tiene la razón y la justicia pudiera romper con la idea social, si esta está equivocada.
juanfer_lm@jfg