Hace unos días, el gobierno de Julio Menchaca decidió demoler un inmueble muy representativo de la etapa del priísmo hidalguense. Se trata de la llamada “casa de gobierno”, ubicada en la capital del estado.
Esta propiedad de mediados de los años cincuenta, fue construida para que el gobernador y su familia, gozara de los beneficios de vivir muy cerca de su lugar de trabajo. De esta manera, según la lógica de algunos, sería más sencilla su labor que exige dedicación de tiempo completo.
Varios gobernadores gozando de este beneficio, de habitar una residencia de más de 5 mil metros cuadrados donde se tenían áreas verdes, alberca, gimnasio, sala de cine, habitaciones para escoltas, entre otras comodidades.
Todo lo anterior, con tal que el mandatario se concentrara en sus deberes. Hasta donde la memoria alcanza, nadie cuestionó esta relación. Es decir, de dar por verdadera la condición de que una cosa sea razón de la otra.
Dicho en otras palabras, la posibilidad de vivir cerca del trabajo no se encuentra en línea directa con la eficiencia de los resultados obtenidos. Pero más allá de ese ejercicio de lógica, lo que debía de ser cuestionado es la necesidad de proporcionar una casa lujosa al mandatario estatal y su familia.
Esas sencillas cosas no estuvieron en cuestión, hasta que hace un año llegó un nuevo gobierno a esta entidad. Dentro de las promesas de campaña del que resultó ganador de la contienda, estuvo la medida de ocupar este espacio para otros fines.
Eso ocurrió hace unos días cuando se utilizó el simbolismo para llevar a cabo una demolición, que simbólicamente represente el fin de una época y el inicio de otra. Podría parecer exagerado pero lo cierto es que un político que llega a ser gobernador, seguramente tendrá un espacio digno donde vivir.
No hay, por tanto, que dotarlo de una residencia para que haga su trabajo. Eso, solo aplicaría, para presidentes o líderes mundiales, que deben de permanecer resguardados por altas medidas de seguridad.
Pero, un gobernador, puede perfectamente ocupar su domicilio particular, sin menoscabo de sus funciones. De esta manera, el actual gobernador de Hidalgo decidió ocupar esa propiedad en otras cosas.
Ahí se edificarán instalaciones del propio gobierno para que salgan de edificios rentados que representan un gasto para las finanzas públicas. Es decir, terminar con ese vicio de rentar a particulares, instalaciones para albergar a la burocracia sabiendo que el gobierno tiene distintas propiedades que se pueden utilizar para tal fin.
En este particular, el estado de Hidalgo mantenía la mala costumbre de alquilar espacios caros a ciertas familias de políticos, para beneficiar ciertos intereses. Se descuidaba lo público para beneficiar lo privado.
Con acciones como estas la política –al menos en apariencia–, retoma un elemento fundamental que es la congruencia. Hacer un uso correcto de los bienes del estado y ser consecuente con los nuevos tiempos de ahorro y austeridad.