Muy frecuentemente se habla, en público y en privado, acerca de la mala administración de los recursos públicos, independientemente del partido político que gobierna. Y esto también incluye el gran desorden administrativo, el desperdicio de recursos… la ineficiencia e ineficacia de las instituciones.
Por eso desde hace décadas operan entre las distintas dependencias una especie de policías que se suponen que previenen actos de corrupción y que se denominan “Órganos Internos de Control”, las mismas que también dan seguimiento a las faltas administrativas cometidas por las y los servidores públicos, y la rendición de cuentas.
Esto viene a colación porque esta semana se llevan a cabo las entrevistas para la quienes aspiran a dirigir los Órganos Internos de Control de la Comisión de Derechos Humanos; del IEEH; del Tribunal Electoral; del IAIPGH, así como de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y que serán designados por el Congreso del Estado
Más allá de la discusión sobre las capacidades de las personas que serán designadas, estos nombramientos son relevantes, porque serán las y los responsables de garantizar que los recursos públicos se administren y ejerzan de una manera eficiente, eficaz y oportuna y de prevenir desvíos o actos contrarios a la integridad y evitar el despilfarro.
Tienen que mostrarse como vigilantes efectivos que ofrezcan resultados y no solo una costosa burocracia, porque desafortunadamente las funciones de control interno no son vistas como mecanismos importantes, sino como estorbos.
Al estar en la cancha del Legislativo no se espera un proceso sencillo, ni terso, ni ausente de todo lo que hay en la política como presiones, traiciones y trapacerías, como ocurrió con el nombramiento del Ombudsman, de ahí la importancia de mantenernos atentos a los resultados de las de las designaciones con mecanismos de evaluación transparentes y objetivos
