Después de la observación hecha al Ayuntamiento de Tulancingo por la intención de hacer contrataciones irregulares que van en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y que esto significaría caer en la preferencia a familiares y mantenerlos en la nómina, la Secretaría de Contraloría del Estado ha solicitado al órgano interno de control, mantener una estricta vigilancia para evitar que en un futuro pudieran cometerse este tipo de acciones, aseveró su titular Álvaro Martín Bardales Ramírez.
Hace unos días, esta casa editorial dio a conocer una lista de quienes estarían relacionados con servidores públicos, entre éstos, la pareja de la presidenta municipal, su hermana, sobrino, nuera y sobrina, es decir, incumplirían con la ley, puesto que hasta el cuarto grado consanguíneo, están impedidos de formar parte de la administración pública.
En entrevista exclusiva, el contralor estatal declaró que sostuvo un encuentro con la alcaldesa Lorena García Cázares para conocer su versión y, de forma paralela, se dio inicio a la revisión correspondiente, misma que arrojó la contratación de parientes, es decir, habría nepotismo.
“Con toda certeza puedo decir que al día de hoy, no hay nadie en la nómina de Tulancingo que pudiera prestarse a un lazo familiar con la titular”.
De acuerdo con esa lista, Fernando Vital Licona habría fungido como secretario particular y comisario de la CAAMT, pareja de la alcaldesa, quien percibiría un sueldo mensual de 28 mil 400 pesos; Hilda García Cázares, hermana de la alcaldesa nombrada como administradora de la Cafetería El Vagón, con un sueldo neto de 11 mil 102 pesos mensuales.
También aparecieron los nombres del sobrino, sobrina y nuera de García Cázares: Mario García, como administrador de la Cafetería de la Presidencia, con un sueldo mensual de 11 mil 102; Jessica Garrido Cázares, directora de Seguridad Alimentaria, quien pretendía recibir 17 mil 720 pesos mensuales; y, Sandra Franco Miranda, directora de Licencias y Certificaciones, con un sueldo de 12 mil 430 pesos mensuales.
El titular de la Contraloría del Estado sentenció que si alguno de los ex servidores públicos recibieron el pago correspondiente, tendrán que devolver ese recurso a las arcas municipales, de lo contrario, serán acreedores a sanciones.
En dicha lista también aparecen funcionarios que tienen parentesco con integrantes de la Asamblea Municipal, sin embargo el Contralor expresó que la Ley General de Responsabilidades Administrativa, no impide dichas contrataciones o bien, de otros funcionarios que ocupen un cargo en la actualidad, aunque es un tema que debe revisarse a fondo desde el Congreso del Estado.
Bardales Ramírez aseguró que aún falta hacer una revisión exhaustiva a la Ley Orgánica Municipal, para determinar la viabilidad de colocar candados y evitar contrataciones futuras de servidores públicos que tengan algún lazo consanguíneo hasta un cuarto grado, con aquellos que ya laboran al interior de las administraciones públicas.
Ahora, el titular del Órgano de Control Interno, hijo de la presidenta municipal suplente de Tulancingo, quien asumió el cargo hace unos días, tendrá que hacer una revisión constante no solo del tema de contrataciones de personal, también de los contratos y convenios que sean celebrados y que deben conocer los integrantes de la Asamblea Municipal, no así, dar la autorización correspondiente como se establece en la ley.
Álvaro Bardales apuntó que este asunto escapó de la Contraloría, porque los contralores no entraron en funciones el mismo día que los presidentes municipales, debido a que en la Ley Orgánica Municipal, marca que los aspirantes debían someterse a un proceso de 45 días, como lo estipulaba la convocatoria abierta.
“Hoy en día, los 83 municipios tienen sus contralores. Son los que se encargan de vigilar las contrataciones de personal, contrataciones públicas y de la obra pública”, concluyó.
