El secretario de la Contraloría estatal, César Román Mora Velázquez, afirmó que servidores públicos ocultan propiedades, autos, cuentas bancarias y hasta sociedades empresariales en sus declaraciones patrimoniales, lo cual han detectado durante la revisión y cotejo de ese documento obligatorio.
El funcionario expuso que cuando se determina que los sujetos obligados no han declarado “la realidad”, la dependencia inicia una investigación basada en la Ley General de Responsabilidades, lo cual conlleva un procedimiento de responsabilidad administrativa.
El funcionario señaló que durante mayo, los servidores públicos están obligados a presentar la actualización de su declaración patrimonial y de intereses.
Esos documentos, dijo, sirven a la Contraloría para conocer los bienes de los funcionarios de la entidad y cómo se modifican año con año, así como con que recursos se van al dejar la administración pública.
A partir de este año, todos los servidores deben presentar su declaración, sin importar la modalidad en que estén contratados. Recordó que antes únicamente lo tenían que hacer alrededor de 9 mil trabajadores al servicio del estado.
“Todos los que cobramos del servicio público estamos obligados a presentarla”, precisó el secretario.
De acuerdo con la Contraloría estatal, desde septiembre de 2020, mil 511 servidores han sido sancionando por diferentes motivos, con 311 inhabilitaciones, 41 suspensiones y mil 159 amonestaciones públicas o privadas.
Entre los funcionarios sancionados con la inhabilitación por no cumplir con esa obligación de presentar su declaración, según datos oficiales, se encuentran el regidor con licencia Ricardo Crespo Arroyo y el alcalde Pedro Porras Pérez, actuales candidatos suplente a diputado plurinominal del Partido Verde (PVEM) y aspirante a legislador local por el distrito de Huichapan por la coalición Juntos Haremos Historia, respectivamente.
Asimismo, por el Partido del Trabajo, Vicente Charrez Pedraza, postulado por el distrito local de Ixmiquilpan por esa misma alianza.
Por ello, el pasado 27 de abril los líderes de los partidos Morena, PVEM, PT y Panalh, que conforman Juntos Haremos Historia, acusaron a la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo del uso faccioso de sus funciones y por consigan política para inhabilitar a sus candidatos a las diputaciones locales