Me parece que un hecho que ha marcado estos días, fue la detención de una Jueza en el Estado de Veracruz, siendo que su familia denunció que fue aprehendida ilegalmente e incluso se le hizo accionar un arma de fuego; ella señaló que fue víctima de tortura y que fue incomunicada.
Tiempo después, fue liberada posterior a que la fiscalía no tuviera elementos suficientes para justificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se le ha imputado el hecho de haber agredido a policías e incluso sacar un arma y disparar.
Si bien estos hechos son irrelevantes, aquello que destaca de sobremanera es que el propio gobernador de Veracruz, señaló a la jueza por haber emitido un fallo en cierto asunto respecto de un homicidio.
Me parece no solo grave sino alarmante, que exista una sospecha y una denuncia por parte de los propios familiares de la jueza, que señalen que la inconformidad de un fallo por parte del poder ejecutivo, da como consecuencia la detención de un juzgador.
Lo anterior no solamente destruye el Estado Constitucional de Derecho, sino que pareciera intimidar y coartar la libertad de los jueces, para decidir sobre los asuntos de su competencia, lo que implica un intento de destrucción de uno de los tres poderes tradicionalmente existentes.
En primer punto, el gobernador no es parte ni tiene interés alguno, para emitir opinión respecto de los asuntos judiciales, puesto que las fiscalías son independientes y como tales, tienen autonomía y no están subordinadas al poder ejecutivo.
En segundo punto, las resoluciones son atacables mediante procesos judiciales y no con el uso de la fuerza, puesto que ello es la esencia del derecho.
En consecuencia, permitir este tipo de arbitrariedades, debilita las instituciones y destruye el estado de derecho, con lo que se pierde tanto la certeza jurídica como la justicia.
juanfer_lm@jfg